TIEMPOS MOVIDOS

En este apartado encontrará todos los artículos de opinión escritos por nuestro socio-director, Antoni Fernández Teixidó.

EL GOBIERNO EXPRIMIDOR

El Gobierno socialista y progresista despluma, obstinado, a trabajadores, empresarios y profesionales. Lo hace sin piedad. Todos estamos de acuerdo en una cosa aparentemente sencilla: hay que subir los salarios bajos. Y también hay un consenso amplio: que los salarios tienen que crecer ligados a incrementos significativos de la productividad. Buenos salarios, productividad creciente. El problema es que en España estas tres variables parecen irreconciliables: el salario mínimo sube mucho, el salario medio sube poco y la productividad no sube nada.

Esto no es ninguna casualidad. Es consecuencia directa de pésimas decisiones políticas, interesadas y perturbadoras para la consolidación de una economía de mercado solvente.

En breve síntesis, la primera razón por la cual los salarios no suben adecuadamente es el aumento abusivo e imparable de las cotizaciones sociales, impulsado sistemáticamente por los gobiernos de izquierdas tanto en España como Cataluña. Este incremento no es neutro, más bien al contrario, encarece el coste real del trabajo y reduce el margen para que las empresas puedan pagar mejores salarios.

Pongamos un ejemplo explícito y claro: un trabajador con un salario bruto anual de unos 31.500 €. En su nómina ve que paga aproximadamente un 6,5% en cotizaciones. Pero no ve la parte gorda. La empresa paga un 32% adicional. Es decir, este trabajador gana unos 2.600 €, pero percibe unos 1.950 € y le cuesta a la empresa unos 3.460 € totales y el Estado se queda con una parte importante del hipotético sueldo del trabajador. Y después nos preguntamos por qué los sueldos no crecen bastante en el año. Todo el mundo sabe que las cosas van por aquí, pero pocos conocen la magnitud abusiva de la acción gubernamental.

La segunda razón es la negativa tozuda del Ministerio de Hacienda a deflactar los tramos del IRPF para compensar el crecimiento de la inflación. No hacerlo es técnicamente sencillo y políticamente muy rentable. No ajustar los tipos de renta a la evolución de los precios significa que cada año el contribuyente pierde poder adquisitivo sin que le suban formalmente los impuestos… pero al final, pagando más. No hay que añadir que, aparte, el Gobierno incrementa los tributos como si no hubiera mañana.

Un contribuyente medio puede acabar pagando unos 800 € más en el año simplemente porque el Estado se queda el aumento nominal del salario provocado por la inflación. Es una recaudación voraz, silenciosa, insidiosa y profundamente injusta.

Esta captura sistemática de los impuestos sirve, indiscutiblemente, para alimentar el nunca satisfecho clientelismo electoral del Gobierno social-comunista. Las pensiones son el ejemplo más claro de esta perversa conducta, se blindan políticamente para generar dependencia directa del votante respecto a los propósitos no confesados de los gobernantes.

Si queremos buenos salarios, hay que decirlo claro: se tiene que reducir el expolio fiscal que penaliza trabajadores, empresarios y profesionales. Sin esto, todo el discurso progresista sobre salarios dignos no es más que palabrería y propaganda.

Y ya saben ustedes quien acaba pagando el maldito vicio, ¿a que sí?.

                                                                                         2 de febrero de 2026

UN FRACASO ANUNCIADO

Desde el primer momento, muchos advertimos que la Ley de la Vivienda, impulsada por el Gobierno socialista con la voluntad intervencionista que le es propia y aprobada mayoritariamente por el Parlamento español, acabaría generando más problemas que soluciones. Cataluña, que lo ha aplicado con un entusiasmo y una disciplina dignas de mejor causa, es hoy el escenario idóneo para hacer el primer balance. Y, desgraciadamente, los resultados no sorprenden, eran perfectamente previsibles. La Ley de la Vivienda es un artefacto contra las aspiraciones para resolver el problema de la vivienda, tan grave para la ciudadanía. 

Los datos provenientes de los depósitos de fianza del INCASOL muestran que, a pesar de una ligera moderación del precio por metro cuadrado a corto plazo —especialmente en algunos barrios de Barcelona— el mercado se ha deshinchado en aquello que realmente importa: demanda y oferta. Entre 2023 y 2025, el número de contratos de alquiler registrados ha disminuido de manera sostenida tanto al conjunto de Cataluña como, con más intensidad, en Barcelona. Esta caída no es un accidente, es la respuesta lógica de un mercado que huye de la rigidez y la inseguridad jurídica. Los propietarios desconfían, fundadamente, de la grosera voluntad intervencionista de la Administración. 

En Cataluña, el recuento de contratos del 2024 ya se situaba claramente por debajo de los del 2023, y la tendencia del 2025 confirma la misma línea descendente. En Barcelona, la reducción es todavía más grande, la actividad del alquiler ha retrocedido trimestre tras trimestre, mientras que cada vez más viviendas se desvían hacia el alquiler temporal —fuera del tope— o directamente desaparecen del mercado.

En cuanto al precio del metro cuadrado, la leve contención aparente no se puede considerar un éxito de la política socialista. Si el coste baja, es porque hay menos pisos que se alquilan y menos contratos firmados. No estamos ante una mejora sustancial haciendo frente a un empobrecimiento del mercado. La reducción de la oferta —especialmente de pisos medios y pequeños— ha añadido presión sobre los colectivos más vulnerables y en particular los jóvenes, que hoy tienen menos posibilidades y más barreras para acceder a una vivienda asequible.

El fracaso de la ley es indiscutible, inapelable. Castiga el propietario que actúa de buena fe, expulsa inmuebles del mercado y, en última instancia, perjudica seriamente aquellos que decía proteger. Lo he defendido siempre, las regulaciones excesivas, por muy bienintencionadas que sean, actúan siempre contra sus principales objetivos. El Estado intervencionista es un pésimo enser para la economía competitiva.

Ha llegado el momento de actuar sin más dilación. Esta ley no se tiene que reformar, se tiene que suprimir. Solo así podremos recuperar un mercado funcional, dinámico y, sobre todo, capaz de ofrecer oportunidades reales a los jóvenes y a los más necesidades. Nunca tendríamos que haber llegado aquí.

                                                                                          20 de noviembre de 2025

EL ABSENTISMO CONTRA LA PROSPERIDAD

El absentismo se ha convertido en una infección silenciosa que mina sin tregua la salud de las empresas españolas. No hay sector que se libre, ni medida de compañía que pueda escapar a su alcance mortífero. En los últimos años, la tasa de ausencias injustificadas o prolongadas se ha disparado hasta cifras que bordean lo insoportable. El coste supera ya los treinta y siete mil millones de euros anuales —más del 3,1% del PIB— y algunos estudios lo elevan incluso al 5,8% (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas- IVIE). Un agujero negro que absorbe productividad, desguaza equipos y castiga a quienes sí acuden a trabajar.

Este fenómeno, que tendría que preocupar cualquier gobierno sensato, es contemplado con una pasmosa indiferencia por el actual Ejecutivo social-comunista. Peor todavía: su política lo estimula sistemáticamente. El Gobierno, en una perversa deriva ideológica, se ha convertido en un conspirador tenaz contra la prosperidad común. Lejos de fomentar la corresponsabilidad y el esfuerzo, multiplica las regulaciones, encarece la ocupación y alimenta la idea que la empresa es un adversario natural del trabajador. El Ministerio de Trabajo, convertido en instrumento electoral, confunde gobernar con agitar. Su titular, la ministra Díaz, con sus propuestas improvisadas lleva el país al abismo social.

La frustrada reforma para reducir la jornada a 37,5 horas semanales —rechazada con contundencia por el Congreso— constituye una de las derrotas más significativas del programa socialista en esta legislatura. Era una medida principalmente ideológica, con escaso cimiento económico y con un único propósito: ofrecer titulares complacientes, con fines claramente electorales, a expensas de la productividad nacional. Pero lejos de asumir el revés, la ministra ha decidido compensarlo reforzando el llamado registro horario, una suerte de fichaje digital universal que pretende someter las empresas a un control burocrático asfixiante.

El registro diario de entrada y salida, obligatorio y accesible a la inspección, prepara una nueva carga administrativa sobre las compañías que ya operan al límite de su resistencia. No resolverá el absentismo; lo convertirá en un trámite, en un dato frío y oficial, sin abordar sus causas reales: la falta de compromiso, la desmotivación y el desorden institucional que el amparo.

Que la economía española no haya colapsado todavía, bajo el peso de impuestos desmesurados, costes laborales excesivos y normativas abstrusas, solo se puede explicar por la voluntad inquebrantable de empresarios, profesionales y trabajadores de resistir. Son ellos quien, día a día, sostienen el que el Gobierno parece obstinado a dinamitar, la posibilidad de prosperar.

                                                                                          9 de octubre de 2025

LA BUROCRACIA CONTRA LOS CIUDADANOS: MENOS LEYES, MEJOR GOBIERNO

Este mes de junio, la CEOE ha presentado su informe “La Producción normativa en 2024”, un documento que, con datos concluyentes y un análisis riguroso, denuncia una realidad que hace demasiado tiempo que se arrastra: la auténtica epidemia de regulación que afecta a España y, de manera especialmente grave, a Cataluña. El diagnóstico es tan contundente como inquietante: más de 1,3 millones de páginas de normativa en vigor. Una cifra difícilmente digerible para cualquier operador jurídico, por no hablar de empresas y ciudadanos.

La avalancha normativa que se publica diariamente en el BOE y a los boletines autonómicos está teniendo consecuencias devastadoras. La más inmediata es la destrucción de la seguridad jurídica: empresas y ciudadanos se mueven en un entorno normativo incierto, cambiante, opaco y de difícil comprensión. Pero no solo esto. Esta hiperregulación trastorna la necesaria unidad de mercado y crea un escenario fragmentado que penaliza la inversión, la competitividad y la innovación.

Lo más preocupante, aun así, es el trasfondo ideológico de este fenómeno. No se trata solo de una inercia administrativa o de un pésimo hábito legislativo. El crecimiento descontrolado de la regulación es, sobre todo, la expresión de una concepción del Estado intervencionista y paternalista. La regulación se ha convertido en el instrumento perverso para intervenir en la economía y, la fiscalización, en herramienta de control social. Es una tentación permanente de los poderes públicos: legislar compulsivamente para demostrar que se controla la vida económica y social, aunque sea a expensas de la libertad y la eficiencia.

En este terreno, Cataluña ostenta un récord realmente penoso. Con un incremento del 15% en la producción normativa durante el año 2024, la Generalitat triplica la media española por noveno año consecutivo. Lejos de corregir esta tendencia, el Gobierno catalán, satisfecho, parece decidido a liderar la carrera hacia una burocratización extrema. El resultado es un aparato administrativo lento, ineficiente y alejado de las necesidades reales de la sociedad y la economía. Y el corolario es una burocracia asfixiante, con dinámica e intereses propios y en contra de los ciudadanos.

Este exceso normativo es un freno directo al crecimiento económico, a la creación de ocupación y a la estabilidad del bienestar social. Una economía moderna no puede funcionar sometida a un furor legislativo. Hace falta una parada, una reflexión y, sobre todo, una acción política decidida para limitar la creciente producción normativa y recortar sin tregua la carga burocrática.

Gobernar no es multiplicar normas. Gobernar bien es crear un marco estable, claro e inteligible para facilitar la vida de empresarios, profesionales y administrados en general. Esto es lo que reclama el documento de la CEOE y esto es lo que tendrían que atender los políticos de todos los partidos. La libertad de los ciudadanos y la salud del tejido productivo lo exigen.

                                                                                            17 de julio de 2025

EN DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO

En estos días insólitos, por tantas y varias razones, hemos asistido a un hecho excepcional de extraordinaria relevancia. Hemos visto como jueces y fiscales salían masivamente a la calle para manifestar su fundamentada discrepancia por el rumbo que desde hace meses sigue el gobierno socialista respecto de la justicia española.

Es sobrecogedor observar como los miembros de un poder judicial, rama imprescindible de la arquitectura democrática, salen a la calle para decir: ¡fuera las manos del gobierno de coalición socialista de los asuntos propios de los representantes de la justicia!

Se trata del rechazo, sin contemplaciones, de un proyecto de ley que pretende reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal y que el presidente del Gobierno y su ministro de justicia quieren remitir en el Congreso, para ser aprobado y tratar así de blindar el papel del ejecutivo lejos del escrutinio del poder judicial.

Hablamos, pues, de una reforma judicial con un nuevo sistema de oposición, con la reforma del “cuarto turno”, con la regularización de jueces y fiscales sustituidos y con varias otras medidas. Se pretende que, a pesar de mantener la actual estructura jerárquica, el Fiscal General del Estado, cargo nombrado hoy por el Gobierno, asuma la instrucción judicial a la vez que la Fiscalía se encargue de controlar la policía judicial. Absolutamente descabellado.

Se persigue la plena politización del acceso a la carrera judicial. En otras palabras, el Gobierno quiere asegurar su preeminencia e influencia políticas en la selección y composición de los miembros del poder judicial. Incluso, se dibuja un “cuarto turno” como una vía de acceso con candidatos afines al poder de turno. Esta injustificable politización se basa en una constatable devaluación de la formación de jueces y fiscales para favorecer unos perfiles leales al Gobierno, pasando la capacidad y el mérito en un segundo plano. Si a lo que hemos escrito añadimos la subordinación jerárquica de los fiscales al fiscal general, asumiendo el papel instructor, tenemos todos los eslabones de la cadena para estrangular la imprescindible independencia judicial.

 Hay que agradecer a los hombres y mujeres que han salido a la calle a representarnos a muchos, para defender su independencia respecto al poder ejecutivo, este y el que venga. Su independencia es nuestra garantía democrática..

                                                                                            8 de julio de 2025

UNA CONTROVERTIDA EJECUTORIA

El balance de la política laboral desplegada por el gobierno social-comunista en estas dos últimas legislaturas merece un juicio bastante crítico. No se trata solo de una gestión polémica y deficiente; es, más bien, una ejecutoria penosa que ha sacrificado la racionalidad económica objetiva a favor del cálculo político partidista. El Ministerio de Trabajo, lejos de ser una herramienta de progreso y modernización, como pretende día si y día también su autopropaganda, se ha convertido en una plataforma de producción de medidas populistas.

La ministra Yolanda Díaz, con una pretensa habilidad comunicativa, ha priorizado sistemáticamente los intereses electorales de su coalición de partidos —Sumar— por encima de los reales de la economía productiva del país. Sus decisiones responden a menudo a una lógica política, ajena a los objetivos fundamentales que, en principio, tendría que perseguir cualquier responsable gubernamental de la política laboral: crear ocupación, garantizar la estabilidad y promover el diálogo social imprescindible.

Inexplicablemente, la reiterada subida del salario mínimo interprofesional ha sido aplicada de manera ideológica, sin calibrar las consecuencias en el equilibrio laboral. La AIReF, organismo independiente solvente, ha constatado ya el impacto negativo de estas subidas sobre la creación de puestos de trabajo y sobre la afiliación del Régimen de la Seguridad Social. Sin embargo, el gobierno ha optado por ignorar el Informe, haciendo caso omiso de las cuerdas recomendaciones del organismo fiscalizador.
 
La política de Díaz, respecto a los agentes sociales, ha estado profundamente e innecesaria sesgada. Ha favorecido las centrales sindicales, a menudo demasiado alejadas del mundo del trabajo real y ha despreciado la patronal —especialmente la CEOE— convirtiéndola en adversario cuando tendría que haber sido un interlocutor imprescindible. Esta actitud sectaria ha empobrecido el diálogo social y ha radicalizado gratuitamente las posiciones. Solo la cordura de unos y otros, sindicatos y patrones, nos ha ahorrado un choque frontal ciertamente inoportuno.
 
Mientras se anuncia con un gran ruido mediático una reducción de la jornada laboral, que todavía no tiene forma jurídica ni acuerdo parlamentario, los convenios colectivos firmados, hasta entonces, priorizan aumentos salariales del 3,5% por encima de cualquier otro criterio de adaptación o eficiencia. Una muestra más de una política laboral que se mueve por inercias ideológicas, sin contacto con la realidad económica diaria y a espaldas de los agentes sociales.

Díaz no gobierna para los trabajadores ni para los empresarios. Parece hacerlo movida por los pretensos objetivos electorales de su coalición de gobierno. El Ministerio de Trabajo se ha convertido en un escenario de campaña permanente, en lugar de devenir un espacio de gestión rigurosa y eficiente. Esto es lo que justifica nuestra opinión: una controvertida ejecutoria, con consecuencias de largo alcance para el mercado laboral, para la cohesión social y para la sostenibilidad futura de nuestro sistema público. La política laboral necesita más comportamiento y menos dramatismo populista.

                                                                                             27 de mayo de 2025

ARANCELES CONTRA EL MUNDO

El 2 de abril de 2025, el presidente Trump proclamó, satisfecho y desafiante, lo que él denomina, "el día de la liberación", pero la realidad es que este presuntuoso acontecimiento ha tenido un pésimo significado para la economía global. En solo tres días, las bolsas más importantes del mundo se han hundido, los aranceles impuestos han provocado consecuencias devastadoras, que amenazan con desestabilizar el comercio internacional y frenar el crecimiento de la prosperidad de los países que se encuentran atrapados en esta incipiente guerra comercial. Desgraciadamente, nadie se verá liberado de las turbulencias que se derivarán y los norteamericanos serán los primeros en sufrir las repercusiones negativas de estas políticas. Más inflación, menos competitividad, menos productividad y ralentización del crecimiento. 

La política arancelaria de Trump no es nueva; sus antecedentes en el siglo XX han evidenciado tensiones y conflictos de largo alcance y duración. El impacto de estos aranceles no solo afecta la economía, sino que también altera la estabilidad y la dinámica de paz en el mundo. La previsible incapacidad de Trump para resolver la guerra de Ucrania con carácter inmediato, como presumía, pone en tela de juicio la omnipotencia de la administración Trump y Vance. No acostumbra a tener razón quien más grita, quien más gesticula.

China apostará por sacar partido de este previsible terremoto sistémico. Su política planteada a medio plazo mira con desprecio y desconfianza las iniciativas, a veces improvisadas, de los trumpistas de la Administración USA. Para colmo, el inminente viaje de Pedro Sánchez a China podría complicar todavía más la situación, con efectos de un rebote negativo para las empresas españolas, víctimas de una doble presión. 

Ante esta situación, es esencial buscar soluciones efectivas. La protección bienintencionada, los préstamos y las ayudas son opciones que pueden mitigar los daños, pero no resolverán los problemas. Hay que bajar los impuestos, reducir la carga impositiva de las empresas y particulares y prepararnos para ganar competitividad y, sin enfrentamientos épicos inútiles, hacer frente a la peligrosa oleada arancelaria.

Bajar impuestos, adaptar el IRPF a la presión inflacionista y reducir cotizaciones a la Seguridad Social, no solo aligeraría la carga sobre las empresas, sino que también estimularía el crecimiento económico y fomentaría la inversión. En un mundo cada vez más interconectado, hay que hacer ambas cosas a la vez: competir abiertamente y estar en condiciones de pactar con los norteamericanos cuando seamos más fuertes. Avanzar para disfrutar de un futuro más próspero para todo el mundo implica tomar iniciativas y, con sangre fría, pasar a la acción.

                                                                                              7 de abril de 2025

REDUCIR LA JORNADA LABORAL?

Uno de los pactos relevantes para configurar el gobierno entre el PSOE y Sumar era el compromiso para reducir sustancialmente la jornada laboral en el primer tramo de esta legislatura. La ministra Díaz ha hecho de este propósito un elemento capital de su actuación política y de la heterogénea coalición de partidos que representa.

Día sí, día también, la vicepresidenta del Gobierno gesticula sobre la inaplazable necesidad de un pacto con los agentes sociales para acortar la duración de la jornada de trabajo. Los sindicatos UGT y CCOO presionan en la misma dirección, pero, hasta el día de hoy, la CEOE, Fomento y el resto de patronales se han opuesto a la medida a pesar de que en ningún caso se han negado a hablar.

Todo esto es sabido, pero las consecuencias negativas de esta iniciativa política lo son menos. El Gobierno aspira a repartir el trabajo existente. Parece que constate, explícitamente, las notables dificultades con las cuales hoy se encuentran las empresas para generar ocupación y tenemos que asumir, enfáticamente, que la reducción de jornada sin un ajuste proporcional de los salarios hace imposible aquel designio. Más todavía, una reforma de la jornada laboral que no tenga en cuenta la estructura del tejido empresarial del país es, para decirlo píamente, agua de borrajas. En otras palabras, una medida universal que afecte de manera parecida al conjunto de las unidades productivas del país sin distinciones es un disparate.

No tendríamos que olvidar que más del 99% de las empresas españolas son pymes o micropymes y el incremento de los costes laborales producidos por la pretensa reducción tiene consecuencias directas respecto de la productividad y el inevitable encarecimiento de los precios.

Sostienen algunos bienintencionados economistas que la reducción de la jornada comporta la creación de ocupación. Es una afirmación, en el mejor de los casos, epifenoménica. Simple y llanamente, no es cierta y tenemos suficiente evidencia empírica de los estragos que en el mantenimiento de la ocupación, la  reducción de la jornada de trabajo causa. Las sucesivas medidas las cuales han ido haciendo frente varios países europeos en estos últimos años demuestran que la iniciativa que el Gobierno defiende a capa y espada es un mero artefacto ideológico. Ideología propia de las izquierdas que hacen caso omiso del análisis económico y social entendimiento correctamente.

Desconozco si las amenazas de la ministra Díaz tendrán efecto o no. Recomendaría que los empresarios mantengan firme su negativa y que se imponga el criterio de que la reducción de jornada no puede tener nunca carácter universal y, en todo caso, tiene que ser pactada en los diversos convenios entre las empresas y los trabajadores. Nos ahorraríamos así un nuevo torpedo contra la ocupación y el surgimiento de nuevas empresas.

                                                                                              10 de desembre de 2024

SUCESIONES, UN IMPUESTO INJUSTO

Desde hace años, sostengo personal y profesionalmente, una oposición total al impuesto de sucesiones. He explicado en cantidad suficiente en el Parlamento, en variadas tribunas y en docenas de encuentros, la naturaleza injusta de un impuesto que graba dos veces los contribuyentes. Y, a la vez, consigue un tipo de expolio de los patrimonios personales de todos los ciudadanos, que han trabajado años y años, para legar sus herederos el fruto de su esfuerzo. Por cierto, una muy noble aspiración, muy humana.

Hacienda nos informa, presumiendo, que la recaudación por sucesiones en Cataluña, ha crecido un 13,5% durante los nueve primeros meses del presente ejercicio. Esto querría decir un 5,7% por encima del año anterior y 103,5 millones más que en el mismo periodo del 2023, ascendiendo a una cifra total de 870 millones.

La Agencia Tributaria explica que este incremento es producto de dos factores: el éxito de la lucha contra el fraude y la mejora de gestión en el cobro de las cuotas atrasadas. Debe de ser verdad, pero lo que para mí resulta especialmente relevante es que Cataluña es una de las comunidades con los tipos más altos de tributación por este impuesto. Dicho en otras palabras, todas aquellas expectativas centradas, ya hace unos años, en la desaparición formal y real del impuesto de sucesiones y el de donaciones han acontecido aspiraciones frustradas, empeorando los tipos de gravamen en el transcurso de los años con los últimos Gobiernos.

Este incremento de recaudación por el impuesto de sucesiones durante el 2023, va acompañado de la constatación del crecimiento de los tributos que los catalanes pagamos para disfrutar de nuestro patrimonio. Concretamente, un 6% más el año pasado por el impuesto de patrimonio y un 9% más del recaudado por la tributación de las transmisiones patrimoniales.

Oiremos repetir a nuestros gobernantes, los de allá y los de aquí que, por cierto, son los mismos, que la presión fiscal en España y en Cataluña es todavía inferior a la media europea, pero nos esconderán una vez más los gobernantes de aquí y de allí, que el esfuerzo fiscal medio que realiza el contribuyente en Cataluña y España es notablemente superior al realizado por la media de los europeos. Esta es, amigas y amigos, el dato decisivo permanentemente escamoteado.

Podríamos conformarnos. Parecería que lo hacemos gustosos, pero ciertamente no veo la necesidad de que los contribuyentes catalanes paguemos más que el resto de conciudadanos y de que, además, les riamos las gracias.

                                                                                            8 de noviembre de 2024

EL PLAN FISCAL DEL GOBIERNO

El gobierno socialista ha remitido a la Comisión Europea su "Plan Fiscal y Estructural a medio plazo 2025-2028", con la pretensión de producir un ajuste severo de la economía española y lograr las nuevas reglas fiscales europeas.

El Plan prevé un crecimiento medio anual del gasto de un 3% y planifica que cuando el 2031 se acabe definitivamente, el proceso de ajuste del déficit público llegue al 0,8% del PIB y la deuda pública se acerque a un 90% del PIB. Se persigue reducir el gasto, incrementar los impuestos y confiando en el crecimiento, eso sí progresivamente ralentizando de la economía, tratar de reconducir las variables más problemáticas vía un modesto pero sostenido crecimiento económico.

Pontifica el Gobierno una vez más, lo lejos que está la presión fiscal española en relación a la media europea y haciendo caso omiso del esfuerzo fiscal realizado por los contribuyentes españoles -hemos hablado aquí a menudo de ello- se incrementan los impuestos a las rentas y patrimonios más altos y los grandes grupos económicos. El Gobierno hace ver que ignora el impacto absolutamente negativo que la subida de la presión fiscal tiene en la buena marcha del activado económica.

Hemos explicado en esta tribuna reiteradamente, que el alza sistemática de impuestos y la negativa a deflactar el impuesto de la renta tiene efectos francamente nocivos por el crecimiento sano de la economía, el ahorro y el consumo privado.

El Gobierno socialista hace creer, como es habitual, que emprende un gran Plan de Reformas, pero cuando se analiza en detalle el Plan, se constata que además de la transición ecológica, el resto de medidas, más allá de los gravámenes a las compañías energéticas, sirve poco para impulsar el día a día económico del país.

Una vez más resta claro y meridiano el afán regulador excesivo recientemente criticado por la Empresa Familiar y otros sectores de peso.

Tampoco me sorprende, a estas alturas, que la inconsistencia del Plan fiscal y estructural no genere rechazo en el seno de la Comisión Europea, pues parecería aconsejable que esta se opusiera con más voluntad y firmeza al crecimiento imparable de la intervención del estado, en el día a día del quehacer económico. Tendría que constatar y no lo hace, que más allá del turismo, las inversiones por proyectos empresariales de auténtico voladizo, encuentran demasiado dificultados para recalar en el tejido productivo español, lastrando así nuestro potencial. Este es objetivamente grande, pero la contumaz política intervencionista y confiscatoria de la administración en manos del actual Gobierno lo hace extraordinariamente más difícil.

                                                                                            24 de octubre de 2024

EL ESTATISMO ASFIXIANTE

Es un hecho indiscutible, ampliamente demostrado, que el peso del estado en todas las economías del planeta ha crecido notablemente. Incluso, en los periodos más políticamente beligerantes respecto al papel de la Administración en la economía, esta tendencia ha estado inconmovible.

Se podría pensar que con una firme voluntad liberalizadora habríamos limitado el carácter omnipresente del estatismo en la vida pública, pero no es así. La decisión de interferir, controlar, ordenar, regular y condicionar la vida de los ciudadanos, en nombre de la justicia social, ha estado dramáticamente irrenunciable.

En España en general y en Cataluña en particular, somos víctimas de una constante pasión reguladora y una enloquecida vocación para subir todo tipo de impuestos a todo el mundo. Los gobernantes insisten que, al fin y al cabo, lo hacen por nuestro bien. Pero la asfixia resultante es insoportable y la libertad de empresas y particulares mengua día a día.

Tenemos mil ejemplos que ilustran el deterioro económico y social del clima empresarial a nuestro país. Socialistas y izquierdistas libran una batalla despiadada contra las libertades en general y la libertad económica en singular. Los últimos debates parlamentarios, respecto al salario mínimo interprofesional, los convenios y reforma laboral, la reducción de la jornada de trabajo, las constantes modificaciones de la legislación en todos sus ámbitos, apuntan en una sola dirección: la intervención. Siempre más intervención. Un BOE rellenado de leyes y reglamentos que gobiernan nuestra vida económica y ahogan las empresas grandes y pequeñas.

Me duele constatar, aun así, que la resistencia civil al papel depredador de la Administración es más bien escasa y desorganizada. Es como si se aceptara tácitamente que los buenos servicios, a los que tenemos derecho los ciudadanos, solo mejorarán si los impuestos suben y suben. Aceptamos resignados el nivel de la imposición, la excesiva presión fiscal y el agobiante esfuerzo fiscal. Podría parecer que para muchos, la libertad de cada día, no tiene nada que ver con estos abusos.  

Sabemos desde hace mucho de tiempo que sin libertad económica no puede existir la libertad política. Si los ciudadanos no nos oponemos decididamente a la ética estatista de los que nos gobiernan, las bases de sometimiento acrítico a la Administración, están puestas. Un penoso camino de servidumbre nos espera.

Defender la libertad de empresa, oponerse a la intervención estatal acaparadora, denunciar el permanente expolio fiscal y velar por los intereses de todos, acontece la única actitud honorable que nos puede hacer libres.

                                                                                               18 de julio de 2024

ARMONIZAR PARA EXPRIMIR AL CONTRIBUYENTE

Entre los objetivos más repetidos del Gobierno de izquierdas figuran la justicia fiscal, la justicia social y un generoso estado del bienestar. Reiteradamente, los dirigentes izquierdistas sostienen una campaña política en torno a estas palabras que no tiene nunca tope. Pretenden cultivar la base social que, sostenidamente, les apoya incondicionalmente  y que a menudo representa un tercio del voto emitido.

Por este designio hay que explicarse las resoluciones debatidas en el último Consejo de Ministros. En concreto, la armonización de los tributos vinculados a la inversión patrimonial. A saber, el incremento de los Impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

¿Por qué otra vez la armonización? Obedece a dos finalidades muy claras, el incremento de la recaudación de impuestos y la reducción y limitación de la libertad fiscal constitucional de las comunidades autónomas. Comunidades que, como ustedes saben, restan mayoritariamente en manos del Partido Popular. Adicionalmente, sobresale la voluntad del Gobierno de constreñir la capacidad de acción política de la Comunidad de Madrid.

Sostiene el Gobierno que de lo que se trata es de armonizar los impuestos mencionados para que los ciudadanos españoles sean todos iguales y por eso acontece imprescindible torpedear un elemento extraordinariamente importante del ordenamiento jurídico autonómico, que es la competencia fiscal. Muerto el perro, muerta la rabia.

Nada más disparatado. La competencia da en los gobiernos autonómicos una capacidad discrecional muy positiva a la hora de fijar la recaudación y de acentuar, más o menos, la presión fiscal a sus ciudadanos. Pero el Gobierno de izquierdas quiere reducir este margen de maniobra mientras da el discurso de la igualdad a la vez que hace pagar más a todos los contribuyentes. Simple y llanamente, una nueva pasa que comporta menos libertad de elección, más presión fiscal para todo el mundo y menos competencia entre comunidades.

Vistiendo la mona como la vestimos, más allá de las justificaciones ideológicas instrumentales, se trata simple y llanamente de exprimir al máximo al contribuyente. Ninguna novedad. El resto de sus piadosos designios es mera fantasía.

                                                                                            12 de junio de 2024

ECONOMIA I ESTABILITAT

La estabilidad parlamentaria es una premisa valiosa para todos los actores económicos y concita una muy amplia aceptación. Aun así, en la política española y en la catalana, muy singularmente en estos últimos años, la estabilidad ha sido un bien escaso. Los indicadores nos dicen que la economía se ha resentido, pero solo en parte. Ciertamente, mucho menos de lo que podríamos esperar.

Estoy plenamente convencido de que los empresarios, grandes o pequeños, los autónomos y los profesionales han impulsado sus proyectos económicos cada día más al margen de los constantes trasiegos de las asfixiantes políticas gubernamentales. No porque no influyan, sino porque hacen de la necesidad de este factor escaso una virtud. Sostengo que afortunadamente la dependencia de las dos esferas política y económica se relaja año tras año. De hecho, no somos el único país europeo que se encuentra en esta situación y podemos observar economías que disfrutan de mucha autonomía respecto de los controvertidos designios de sus políticos. Y a la vez van funcionando.

¿Vale lo que he escrito para relativizar las necesidades de consenso político y objetivos comunes defendidos con convicción? No, quiero significar que el valor determinante de la política económica de cada país, más allá de la estabilidad que la hace posible, es la naturaleza y el carácter de esta política. Vamos de periodo electoral en periodo electoral, discutimos semanas y meses sobre las hipotéticas composiciones de gobierno, aventuramos incansablemente las posibles dinámicas de acción y me parece, a menudo, que prestamos poca atención a los programas que los partidos se comprometen formalmente a adoptar, antes de las elecciones. Descubrimos después de que para poder gobernar todo se vale. Y sale el oportunismo más rancio.

En una sola frase: tendríamos que prestar más atención a los compromisos electorales subscritos que a las eventuales coaliciones que, buscando la estabilidad, los harán imposibles.

                                                                                              24 de mayo de 2024

UN INFIERNO FISCAL

Recientemente han sido presentadas las conclusiones del Libro Verde de la Fiscalidad de Cataluña. En un acto presidido por Josep Sánchez Llibre, el máximo responsable de la patronal catalana, el Grupo de Expertos Tributarios de Fomento de Trabajo ha elaborado unas ochenta propuestas con la pretensión de combatir la extraordinaria presión fiscal que empresas, autónomos, profesionales y particulares sufrimos en Cataluña.

Celebro escribir que Esther Amselem, Socia-Directora de Ceteb, forma parte, en nombre de nuestro despacho, de este selecto grupo de profesionales del mundo tributario de nuestro país.

El Presidente Josep Sánchez Llibre, dejó bien claro en el acto, y no es la primera vez que lo manifiesta, que en Cataluña la carga fiscal soportada es muy elevada y comparativamente superior al resto de comunidades españolas. Aunque fuentes del Departamento de Economía de la Generalitat lo niegan sistemáticamente, es absolutamente cierto. De manera que un Plan Estratégico para reducir la economía sumergida, suprimir el impuesto de patrimonio, rebajar el tipo general de gravamen del impuesto de transmisiones patrimoniales, entre otras medidas, se convierte en fundamental, para no restar más competitividad a la economía productiva del país.

Ya sabemos, pero no nos consuela, que en el ámbito más general de la fiscalidad española la presión fiscal es desmesurada y el esfuerzo fiscal realizado por el contribuyente medio español es uno de los más elevados de Europa. Tampoco hay que insistir en que al mismo tiempo que crece la voracidad recaudatoria de la administración en todas partes, las empresas españolas y catalanas sufren en general un descenso peligrosísimo de sus ratios de productividad en relación con el resto de competidores europeos.

Las proclamaciones autosatisfechas de la Agencia Tributaria anunciando a bombo y platillo que ingresará este año 2.300 millones más por la campaña de renta, es decir, alrededor de 19.000 millones con un resultado neto aproximado de 7.300 millones es una muestra indiscutible de que el abuso recaudatorio  del Gobierno central es como el del Gobierno de la Generalitat incuestionable. Lo soportamos desde hace unos cuantos años.

                                                                                               12 de abril de 2024