TIEMPOS MOVIDOS
En este apartado encontrará todos los artículos de opinión escritos por nuestro socio-director, Antoni Fernández Teixidó.
SUCESIONES, UN IMPUESTO INJUSTO
Desde hace años, sostengo personal y profesionalmente, una oposición total al impuesto de sucesiones. He explicado en cantidad suficiente en el Parlamento, en variadas tribunas y en docenas de encuentros, la naturaleza injusta de un impuesto que graba dos veces los contribuyentes. Y, a la vez, consigue un tipo de expolio de los patrimonios personales de todos los ciudadanos, que han trabajado años y años, para legar sus herederos el fruto de su esfuerzo. Por cierto, una muy noble aspiración, muy humana.
Hacienda nos informa, presumiendo, que la recaudación por sucesiones en Cataluña, ha crecido un 13,5% durante los nueve primeros meses del presente ejercicio. Esto querría decir un 5,7% por encima del año anterior y 103,5 millones más que en el mismo periodo del 2023, ascendiendo a una cifra total de 870 millones.
La Agencia Tributaria explica que este incremento es producto de dos factores: el éxito de la lucha contra el fraude y la mejora de gestión en el cobro de las cuotas atrasadas. Debe de ser verdad, pero lo que para mí resulta especialmente relevante es que Cataluña es una de las comunidades con los tipos más altos de tributación por este impuesto. Dicho en otras palabras, todas aquellas expectativas centradas, ya hace unos años, en la desaparición formal y real del impuesto de sucesiones y el de donaciones han acontecido aspiraciones frustradas, empeorando los tipos de gravamen en el transcurso de los años con los últimos Gobiernos.
Este incremento de recaudación por el impuesto de sucesiones durante el 2023, va acompañado de la constatación del crecimiento de los tributos que los catalanes pagamos para disfrutar de nuestro patrimonio. Concretamente, un 6% más el año pasado por el impuesto de patrimonio y un 9% más del recaudado por la tributación de las transmisiones patrimoniales.
Oiremos repetir a nuestros gobernantes, los de allá y los de aquí que, por cierto, son los mismos, que la presión fiscal en España y en Cataluña es todavía inferior a la media europea, pero nos esconderán una vez más los gobernantes de aquí y de allí, que el esfuerzo fiscal medio que realiza el contribuyente en Cataluña y España es notablemente superior al realizado por la media de los europeos. Esta es, amigas y amigos, el dato decisivo permanentemente escamoteado.
Podríamos conformarnos. Parecería que lo hacemos gustosos, pero ciertamente no veo la necesidad de que los contribuyentes catalanes paguemos más que el resto de conciudadanos y de que, además, les riamos las gracias.
8 de noviembre de 2024
EL PLAN FISCAL DEL GOBIERNO
El gobierno socialista ha remitido a la Comisión Europea su "Plan Fiscal y Estructural a medio plazo 2025-2028", con la pretensión de producir un ajuste severo de la economía española y lograr las nuevas reglas fiscales europeas.
El Plan prevé un crecimiento medio anual del gasto de un 3% y planifica que cuando el 2031 se acabe definitivamente, el proceso de ajuste del déficit público llegue al 0,8% del PIB y la deuda pública se acerque a un 90% del PIB. Se persigue reducir el gasto, incrementar los impuestos y confiando en el crecimiento, eso sí progresivamente ralentizando de la economía, tratar de reconducir las variables más problemáticas vía un modesto pero sostenido crecimiento económico.
Pontifica el Gobierno una vez más, lo lejos que está la presión fiscal española en relación a la media europea y haciendo caso omiso del esfuerzo fiscal realizado por los contribuyentes españoles -hemos hablado aquí a menudo de ello- se incrementan los impuestos a las rentas y patrimonios más altos y los grandes grupos económicos. El Gobierno hace ver que ignora el impacto absolutamente negativo que la subida de la presión fiscal tiene en la buena marcha del activado económica.
Hemos explicado en esta tribuna reiteradamente, que el alza sistemática de impuestos y la negativa a deflactar el impuesto de la renta tiene efectos francamente nocivos por el crecimiento sano de la economía, el ahorro y el consumo privado.
El Gobierno socialista hace creer, como es habitual, que emprende un gran Plan de Reformas, pero cuando se analiza en detalle el Plan, se constata que además de la transición ecológica, el resto de medidas, más allá de los gravámenes a las compañías energéticas, sirve poco para impulsar el día a día económico del país.
Una vez más resta claro y meridiano el afán regulador excesivo recientemente criticado por la Empresa Familiar y otros sectores de peso.
Tampoco me sorprende, a estas alturas, que la inconsistencia del Plan fiscal y estructural no genere rechazo en el seno de la Comisión Europea, pues parecería aconsejable que esta se opusiera con más voluntad y firmeza al crecimiento imparable de la intervención del estado, en el día a día del quehacer económico. Tendría que constatar y no lo hace, que más allá del turismo, las inversiones por proyectos empresariales de auténtico voladizo, encuentran demasiado dificultados para recalar en el tejido productivo español, lastrando así nuestro potencial. Este es objetivamente grande, pero la contumaz política intervencionista y confiscatoria de la administración en manos del actual Gobierno lo hace extraordinariamente más difícil.
24 de octubre de 2024
EL ESTATISMO ASFIXIANTE
Es un hecho indiscutible, ampliamente demostrado, que el peso del estado en todas las economías del planeta ha crecido notablemente. Incluso, en los periodos más políticamente beligerantes respecto al papel de la Administración en la economía, esta tendencia ha estado inconmovible.
Se podría pensar que con una firme voluntad liberalizadora habríamos limitado el carácter omnipresente del estatismo en la vida pública, pero no es así. La decisión de interferir, controlar, ordenar, regular y condicionar la vida de los ciudadanos, en nombre de la justicia social, ha estado dramáticamente irrenunciable.
En España en general y en Cataluña en particular, somos víctimas de una constante pasión reguladora y una enloquecida vocación para subir todo tipo de impuestos a todo el mundo. Los gobernantes insisten que, al fin y al cabo, lo hacen por nuestro bien. Pero la asfixia resultante es insoportable y la libertad de empresas y particulares mengua día a día.
Tenemos mil ejemplos que ilustran el deterioro económico y social del clima empresarial a nuestro país. Socialistas y izquierdistas libran una batalla despiadada contra las libertades en general y la libertad económica en singular. Los últimos debates parlamentarios, respecto al salario mínimo interprofesional, los convenios y reforma laboral, la reducción de la jornada de trabajo, las constantes modificaciones de la legislación en todos sus ámbitos, apuntan en una sola dirección: la intervención. Siempre más intervención. Un BOE rellenado de leyes y reglamentos que gobiernan nuestra vida económica y ahogan las empresas grandes y pequeñas.
Me duele constatar, aun así, que la resistencia civil al papel depredador de la Administración es más bien escasa y desorganizada. Es como si se aceptara tácitamente que los buenos servicios, a los que tenemos derecho los ciudadanos, solo mejorarán si los impuestos suben y suben. Aceptamos resignados el nivel de la imposición, la excesiva presión fiscal y el agobiante esfuerzo fiscal. Podría parecer que para muchos, la libertad de cada día, no tiene nada que ver con estos abusos.
Sabemos desde hace mucho de tiempo que sin libertad económica no puede existir la libertad política. Si los ciudadanos no nos oponemos decididamente a la ética estatista de los que nos gobiernan, las bases de sometimiento acrítico a la Administración, están puestas. Un penoso camino de servidumbre nos espera.
Defender la libertad de empresa, oponerse a la intervención estatal acaparadora, denunciar el permanente expolio fiscal y velar por los intereses de todos, acontece la única actitud honorable que nos puede hacer libres.
18 de julio de 2024
ARMONIZAR PARA EXPRIMIR AL CONTRIBUYENTE
Entre los objetivos más repetidos del Gobierno de izquierdas figuran la justicia fiscal, la justicia social y un generoso estado del bienestar. Reiteradamente, los dirigentes izquierdistas sostienen una campaña política en torno a estas palabras que no tiene nunca tope. Pretenden cultivar la base social que, sostenidamente, les apoya incondicionalmente y que a menudo representa un tercio del voto emitido.
Por este designio hay que explicarse las resoluciones debatidas en el último Consejo de Ministros. En concreto, la armonización de los tributos vinculados a la inversión patrimonial. A saber, el incremento de los Impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.
¿Por qué otra vez la armonización? Obedece a dos finalidades muy claras, el incremento de la recaudación de impuestos y la reducción y limitación de la libertad fiscal constitucional de las comunidades autónomas. Comunidades que, como ustedes saben, restan mayoritariamente en manos del Partido Popular. Adicionalmente, sobresale la voluntad del Gobierno de constreñir la capacidad de acción política de la Comunidad de Madrid.
Sostiene el Gobierno que de lo que se trata es de armonizar los impuestos mencionados para que los ciudadanos españoles sean todos iguales y por eso acontece imprescindible torpedear un elemento extraordinariamente importante del ordenamiento jurídico autonómico, que es la competencia fiscal. Muerto el perro, muerta la rabia.
Nada más disparatado. La competencia da en los gobiernos autonómicos una capacidad discrecional muy positiva a la hora de fijar la recaudación y de acentuar, más o menos, la presión fiscal a sus ciudadanos. Pero el Gobierno de izquierdas quiere reducir este margen de maniobra mientras da el discurso de la igualdad a la vez que hace pagar más a todos los contribuyentes. Simple y llanamente, una nueva pasa que comporta menos libertad de elección, más presión fiscal para todo el mundo y menos competencia entre comunidades.
Vistiendo la mona como la vestimos, más allá de las justificaciones ideológicas instrumentales, se trata simple y llanamente de exprimir al máximo al contribuyente. Ninguna novedad. El resto de sus piadosos designios es mera fantasía.
12 de junio de 2024
ECONOMIA I ESTABILITAT
La estabilidad parlamentaria es una premisa valiosa para todos los actores económicos y concita una muy amplia aceptación. Aun así, en la política española y en la catalana, muy singularmente en estos últimos años, la estabilidad ha sido un bien escaso. Los indicadores nos dicen que la economía se ha resentido, pero solo en parte. Ciertamente, mucho menos de lo que podríamos esperar.
Estoy plenamente convencido de que los empresarios, grandes o pequeños, los autónomos y los profesionales han impulsado sus proyectos económicos cada día más al margen de los constantes trasiegos de las asfixiantes políticas gubernamentales. No porque no influyan, sino porque hacen de la necesidad de este factor escaso una virtud. Sostengo que afortunadamente la dependencia de las dos esferas política y económica se relaja año tras año. De hecho, no somos el único país europeo que se encuentra en esta situación y podemos observar economías que disfrutan de mucha autonomía respecto de los controvertidos designios de sus políticos. Y a la vez van funcionando.
¿Vale lo que he escrito para relativizar las necesidades de consenso político y objetivos comunes defendidos con convicción? No, quiero significar que el valor determinante de la política económica de cada país, más allá de la estabilidad que la hace posible, es la naturaleza y el carácter de esta política. Vamos de periodo electoral en periodo electoral, discutimos semanas y meses sobre las hipotéticas composiciones de gobierno, aventuramos incansablemente las posibles dinámicas de acción y me parece, a menudo, que prestamos poca atención a los programas que los partidos se comprometen formalmente a adoptar, antes de las elecciones. Descubrimos después de que para poder gobernar todo se vale. Y sale el oportunismo más rancio.
En una sola frase: tendríamos que prestar más atención a los compromisos electorales subscritos que a las eventuales coaliciones que, buscando la estabilidad, los harán imposibles.
24 de mayo de 2024
UN INFIERNO FISCAL
Recientemente han sido presentadas las conclusiones del Libro Verde de la Fiscalidad de Cataluña. En un acto presidido por Josep Sánchez Llibre, el máximo responsable de la patronal catalana, el Grupo de Expertos Tributarios de Fomento de Trabajo ha elaborado unas ochenta propuestas con la pretensión de combatir la extraordinaria presión fiscal que empresas, autónomos, profesionales y particulares sufrimos en Cataluña.
Celebro escribir que Esther Amselem, Socia-Directora de Ceteb, forma parte, en nombre de nuestro despacho, de este selecto grupo de profesionales del mundo tributario de nuestro país.
El Presidente Josep Sánchez Llibre, dejó bien claro en el acto, y no es la primera vez que lo manifiesta, que en Cataluña la carga fiscal soportada es muy elevada y comparativamente superior al resto de comunidades españolas. Aunque fuentes del Departamento de Economía de la Generalitat lo niegan sistemáticamente, es absolutamente cierto. De manera que un Plan Estratégico para reducir la economía sumergida, suprimir el impuesto de patrimonio, rebajar el tipo general de gravamen del impuesto de transmisiones patrimoniales, entre otras medidas, se convierte en fundamental, para no restar más competitividad a la economía productiva del país.
Ya sabemos, pero no nos consuela, que en el ámbito más general de la fiscalidad española la presión fiscal es desmesurada y el esfuerzo fiscal realizado por el contribuyente medio español es uno de los más elevados de Europa. Tampoco hay que insistir en que al mismo tiempo que crece la voracidad recaudatoria de la administración en todas partes, las empresas españolas y catalanas sufren en general un descenso peligrosísimo de sus ratios de productividad en relación con el resto de competidores europeos.
Las proclamaciones autosatisfechas de la Agencia Tributaria anunciando a bombo y platillo que ingresará este año 2.300 millones más por la campaña de renta, es decir, alrededor de 19.000 millones con un resultado neto aproximado de 7.300 millones es una muestra indiscutible de que el abuso recaudatorio del Gobierno central es como el del Gobierno de la Generalitat incuestionable. Lo soportamos desde hace unos cuantos años.
12 de abril de 2024
Muchos de nuestros amigos y amigas conocimos Joaquín Trigo. Un economista de gran talento que nos ayudó profesionalmente fuerza en la etapa de lanzamiento de Ceteb. Siempre restaba abierto cuando se lo requería a dar un consejo y este era valioso.
Nos dejó hace unos días y reproduzco en nuestro web, el artículo que envié a la newsletter del Instituto Von Mises, una institución de carácter económico, vinculada al pensamiento liberal, que fundamos con otros colegas, buenos amigos nuestros, ya hace unos cuántos años.
JOAQUÍN TRIGO: EL MAESTRO
El fallecimiento de Joaquín Trigo nos apena profundamente. Su ausencia definitiva nos causa una gran tristeza. Hacía unos años que no podíamos compartir con él, análisis, conjeturas, proyectos y confidencias, pero aún estaba aquí. Nuestra querida Carmen Vázquez y sus hijos lo cuidaban con una dedicación extraordinaria que todos los amigos de Joaquín agradecíamos.
Todos los que le conocimos, hemos tenido el mayor respeto y el más sincero cariño por su persona. Un amigo y un maestro insustituible.
Coincidimos en la Universidad. Curiosamente, fue Trigo quien me ganó, a principio de los años 70, para la causa del antifranquismo y juntos militamos sin reservas en la izquierda anti-estalinista. No obstante, unos pocos años después, fue quien también me enseñó el camino hacia la libertad cabalmente ejercida. Me acompañó con abnegación, inteligencia y resolución en ambos trayectos.
Aprendí de sus enseñanzas a ser un liberal. Sus maestros fueros los míos. Con la misma pasión pero con mucha más experiencia, defendimos batallando los principios del liberalismo político. Fundamos con Juan Torras y un grupo inolvidable de compañeros, una asociación que denominamos "Por una Sociedad Abierta" en clara referencia al libro seminal de Karl Popper, "La sociedad abierta y sus enemigos". Su manifiesto fundacional era toda una declaración de principios liberales. El papel de Joaquín en la Asociación fue el de un hombre lúcido, muy versado en el pensamiento político y económico de maestros que sentíamos próximos, como propios.
Leíamos, discutíamos y aprendíamos de Smith, Mises, Hayek, Popper, Rothbard, los autores de la Escuela Austriaca de Economía y la visión y los conocimientos de Trigo, nunca sectario con los insignes defensores de otras corrientes de pensamiento liberal, nos iluminaban.
Joaquín era un magnífico economista, un conocedor de la empresa privada sin par, un profesional creativo del trabajo institucional en todos los ámbitos. Su fructífero desempeño en Foment del Treball, en el Instituto de Estudios Económicos de la CEOE, en la vicepresidencia de la Societat d'Estudis Economics, en la junta fundadora del Instituto Von Mises, fue siempre excepcional. Si tuviera que destacar los elementos más sobresalientes de su rica personalidad, citaría su inteligencia brillante, su inagotable capacidad de trabajo y su determinación inflexible para cumplir con su deber. Fungía pensamiento y acción, se ocupaba de los asuntos de cada día con extraordinaria resolución y eficacia. Con Joaquín Trigo se podía contar siempre, para mil iniciativas diversas, encontrando tiempo para ayudar. Trabajador, valiente, reflexivo y discreto.
Suele exagerarse en este tipo de escritos. Os aseguro que no es el caso. Trigo era lo que todos escribiremos estos días, pero era, mucho más, un gran amigo y el mejor maestro. Ejemplo para todos en tantas ocasiones y en tantas cosas. Por eso hoy le recordamos, le agradecemos su maestría y manifestamos conmovidos cuanto le quisimos y cuánto le echamos en falta.
1/3/2024
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL, UN RECURSO IDEOLÓGICO
La ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha anunciado recientemente un incremento del 5% del salario mínimo interprofesional (SMI). Esto quiere decir 1.134 € mensuales por 14 pagas acumulando un incremento extraordinario del 54% desde el 2018.
Como ha sucedido en otras ocasiones, esta medida ha sido solo acordada con una parte de los agentes sociales, los sindicatos. Al comprobar que la negociación con la patronal dificultaba la inmediatez de su anuncio, la ministra tiró millas. Después ha explicado que el aumento es imprescindible para crear ocupación y un paso más para reducir la "creciente desigualdad". No entra en su razonamiento que esta medida se aprobará cuando la productividad de nuestras empresas ha caído un 3,8%, situando España, en este capítulo, como furgón de cola de la OCDE.
Como muchas de las políticas laborales y sociales inspiradas – es un decir – por la líder de Sumar, esta también tiene un carácter marcadamente ideológico. La ministra nos tiene acostumbrados a propuestas decididamente desacomplejadas sobre el rumbo que las empresas españolas tienen que seguir en sus decisiones estratégicas, en la fijación de los sueldos de los directivos, en quienes tiene que formar parte o no del consejo de administración y qué es el nivel de impuestos que exige una sociedad justa. De hecho, criterios un tanto extravagantes informan su posición política que es expresión de un desconocimiento sorprendente del mundo empresarial.
Por supuesto, si una vez aprobado el Real Decreto que fijará el incremento del SMI, este no encuentra en los empresarios la complicidad más allá de la obligatoriedad legal, esta medida generará más paro e irá en contra de la ocupación de los más jóvenes y especialmente de los menos cualificados. La evidencia empírica es muy elevada.
También es un error ampliamente demostrado la pretensa aplicación homogénea del SMI a territorios diversos, porque las consecuencias sobrevenidas lastran el propósito originario del Gobierno si se habla de Cataluña o de Andalucía entre otros casos.
Por todo esto, califico de recurso ideológico el nuevo incremento del SMI pensado más bien, lo digo claro, por la propaganda de cariz electoral. Confirma esta impresión oír al Presidente del Gobierno estos últimos días en la campaña gallega defendiendo la medida con entusiasmo. Parecería recomendable no jugar con las variables delicadas de nuestra economía. La ocupación sostenida y el crecimiento de la productividad son de las más importantes.
6/2/2024
MÁS CONTROL DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO
En estos últimos meses, hemos comprobado en el Departamento Fiscal de Ceteb un incremento importante de revisiones de tarjetas de crédito realizadas por la Agencia Tributaria. Todo hace pensar que las autoridades fiscales del país han emprendido una campaña sistemática para hacer un seguimiento muy estricto de las tarjetas de crédito vinculadas a las empresas.
Es sabido que, a menudo, empresarios, administradores, directivos y profesionales, utilizan este instrumento de crédito para desplegar su trabajo cotidiano. El uso de esta herramienta para llevar a cabo actividades diversas por parte del contribuyente es, a estas alturas, muy generalizado. Las comprobaciones practicadas por la Agencia Tributaria son minuciosas y comportan la exigencia de aportación documental de las operaciones más relevantes. Si la justificación por parte del inspeccionado no es bastante satisfactoria, el acta, con su principal, intereses y sanciones está asegurada.
Todo esto viene a cuento, por la anunciada voluntad del Ministerio de Hacienda de reformar inminentemente el Reglamento de actuaciones y procedimientos de inspección tributaria, para controlar, más todavía, tanto los pagos en tarjeta como la retirada de dinero en efectivo en cajeros.
La base teórica de esta iniciativa hay que encontrarla en el Informe de evaluación de la ley contra el fraude fiscal, que el gobierno socialista ha remitido recientemente a las autoridades europeas. Se constata la insuficiencia de las políticas de control llevadas a cabo para luchar contra el fraude. Se desprenden nuevas recomendaciones, nuevas medidas para recortar el fraude fiscal que indiscutiblemente todavía es significativo en nuestro país.
También hay que tener en cuenta que las entidades bancarias, tienen a estas alturas la obligación de remitir a Hacienda anualmente las operaciones de empresarios y profesionales, siempre que el importe anual de los cobros supere los 3.000 €. Piensan los responsables que es un umbral muy bajo y temo que todavía reducirán el montante de la obligación y no tardaremos demasiado a comprobarlo.
Conviene hacer un uso escrupuloso de las tarjetas de crédito y débito, para ahorrar mañana disgustos en un ámbito donde la presión de la Administración crece y crecerá año tras año. Pueden estar muy seguros.
1/2/2024
INCERTIDUMBRE
Si leemos las proyecciones macroeconómicas de la economía española (2023-2026) configuradas por el servicio de estudios del Banco de España, tenemos la percepción de una evolución económica moderadamente positiva.
Efectivamente, las previsiones de crecimiento de PIB, inflación, tasa de paro, precios de la energía e incluso tipo de interés, presentan un panorama que invita a una combinación de moderado optimismo y atenta cautela. Es este el clima que respira buena parte del empresariado español, si no se tiene en cuenta un peligroso elemento que enturbia desde hace mucho de tiempo buena parte de las expectativas antes referidas. Hablo de la reiterada actuación del Gobierno en asuntos económicos y políticos que con una vocación claramente intervencionista dificulta el quehacer diario de empresarios, trabajadores y profesionales.
Desgraciadamente, la irreprimible vocación estatista del Gobierno, comporta trabas menudeadas por la economía, debidos al abuso siniestro de políticas fiscales y financieras contrarias al desarrollo sano de su crecimiento. Más todavía, la obsesión por la omnipresente regulación desde el salario mínimo interprofesional hasta las restricciones al mercado de vivienda posibilitan que la incertidumbre domine el día a día de la actividad productiva del país.
El precio que el Ejecutivo tiene que pagar a sus aliados por su imprescindible apoyo, incrementado arbitrariamente, negociación detrás negociación, desconcierta y angustia a los empresarios y accionistas de las compañías.
Los informes del Banco de España reflejan, como es natural, los peligros inherentes al escenario político internacional: Ucrania, Oriente Medio, resultados imprevisibles en la multitud de consultas electorales del 2024, etc. Por supuesto, estos dificultan la percepción positiva del futuro. Aun así, no hay que ir tan lejos, el Ejecutivo y la actual mayoría parlamentaria que le apoya, es una amenaza suficiente determinante para aumentar en la ciudadanía la sospecha y la desconfianza.
17/1/2024
