ARTÍCULOS DE INTERÉS
En este apartado encontrará todos los artículos que consideramos que pueden ser de su interés.
Homenaje al economista Joaquín Trigo en Foment del Treball
El economista Joaquín Trigo, fallecido hace unos meses, recibió ayer un emocionado homenaje en Foment del Treball, entidad de la que fue director, además de director del Instituto de Estudios Económicos. En el acto intervino el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, quien destacó que Trigo "fue un visionario, un economista brillante" y "el primero que habló de la importancia de los empresarios". También glosaron su figura Juan Rosell, Juan Tugores, Valentí Pich y Antoni Fernández Teixidó, entre otros.
Fuente: La Vanguardia (edición impresa)
¿Jornada laboral más corta?
Durante las últimas semanas, la propuesta de reducir la jornada laboral de las 40 horas semanales actuales a 37,5 en 2025 sin pérdida de salario y sin aumentar el número de horas extraordinarias permitidas (80 horas al año) ha copado las noticias.
Uno de los conceptos más repetidos tanto por los promotores como por los detractores de esta idea es el de productividad. Para unos, la reducción de la jornada conllevará un aumento de dicha productividad al incrementarse la concentración y la eficiencia durante las horas laborales. Otros consideran que habría que actuar en otra dirección y abogan por que el total de horas de trabajo vaya ligado precisamente al aumento o descenso de la productividad que se vaya produciendo a lo largo del tiempo.
No hay que dar por hecho de que todos quieran trabajar menos horas.
En términos de jornada laboral, España se encuentra en una posición intermedia dentro de la Unión Europea. Según datos de Eurostat, en 2023, los trabajadores españoles promediaban unas 36,4 horas semanales, similar a países de nuestro entorno como Suiza (36,2 horas) o Francia (36 horas), pero menos que Turquía (44,2 horas) que lidera la lista o Grecia (39,8 horas). Sin embargo, en términos productivos España se encuentra claramente por debajo del primer grupo y se acerca más a los países del segundo.
No existe una relación de causalidad entre una jornada laboral más reducida y una mayor productividad. Cada país debe entender cómo es su estructura productiva y actuar en consecuencia. Es aquí donde entra la tan necesaria negociación colectiva. Al tiempo que protege los derechos laborales fundamentales, permite la creación de un ambiente económico que fomenta el crecimiento y la generación de empleo de calidad.
Por ello, una reducción de jornada que no tenga en consideración esta cuestión podría tener efectos indeseados. Las empresas, especialmente las pymes, que son las predominantes en la estructura económica española, podrían tener que enfrentarse a dificultades significativas para ajustarse a los nuevos requisitos sin la flexibilidad necesaria para negociar adaptaciones específicas a sus circunstancias. En este escenario, las empresas se verían obligadas a asumir mayores costes laborales, lo que afectaría a su competitividad y las llevaría a incrementar precios y reducir las contrataciones.
Por último, creo que convendría intentar desmontar un falso mito que homogeiniza a todos los trabajadores, dando por hecho que estos siempre van a querer trabajar el menor número de horas posible, cuando para muchos el trabajo es el principal factor de inclusión social y una importante fuente de realización personal. Limitar la capacidad de estas personas para dedicarse plenamente a lo que consideran su vocación podría afectar negativamente a su satisfacción y bienestar personal, y desincentivaría el desarrollo de talentos. Esto viene a subrayar de nuevo la conveniencia de considerar la diversidad de perspectivas y necesidades individuales en las políticas laborales, y evitar imponer medidas uniformes que no reflejen la realidad de todas las personas.
Valentí Pich, Presidente del Consejo General de Economistas
Fuente: La Vanguardia
Foment del Treball presenta las conclusiones del Libro Verde de la Fiscalidad de Cataluña con 80 propuestas
El Grupo de expertos tributarios de Foment del Treball ha presentado hoy las conclusiones del Libro Verde de la Fiscalidad de Cataluña, que incluye alrededor de ochenta propuestas orientadas a combatir la excesiva carga fiscal que sufren empresas y particulares, como eliminar el Impuesto de Patrimonio y la elaboración de un plan estratégico para reducir la economía sumergida, entre otras. El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha lamentado que los catalanes viven “en un infierno fiscal” que resta atractivo a Cataluña.
De esta manera, Foment del Treball con este documento ha instado al Govern de la Generalitat a la elaboración de un plan estratégico para reducir la economía sumergida. De acuerdo con los datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre la competitividad fiscal regional a partir de los conceptos de presión fiscal, esfuerzo fiscal y presión fiscal normativa, no se pagan menos impuestos, sino que algunos no pagan lo que les corresponde, y, por lo tanto, no se trata de aumentarlos, sino de hacer que paguen aquellos que no lo hacen o no lo hacen suficientemente.
En cuanto al Impuesto de Patrimonio, que es un impuesto cedido sobre el que se dispone de capacidad normativa, Foment ha insistido en su supresión dado que la regulación actual vulnera el principio constitucional de no confiscatoriedad. Además, es una figura tributaria que disuade y distorsiona la actividad económica, y su efecto redistributivo es mucho menor. Lastra la competitividad, siendo dentro de la UE el único país que mantiene esta figura tributaria que ha desaparecido de los sistemas fiscales europeos.
La patronal también propone ubicar el tipo impositivo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el 5% para los parientes próximos, y del 10% para el resto; eliminar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la imposición por Documentos Notariales, obsoleta en un sistema fiscal moderno o al menos fijando su tipo al 0,5 euros; y reducir los impuestos ITP y AJD, especialmente para la vivienda, para disminuir el alto coste que esta figura tiene para la adquisición de vivienda usada.
Foment ha reclamado bajar los tipos marginales del IRPF en Cataluña, tanto para las rentas altas (52%) como para las bajas (21,5%). Cataluña tiene los tipos más elevados del conjunto de las comunidades autónomas españolas. Se propone situarlos al nivel de las comunidades más dinámicas (18,5%- 47,5%).
Los expertos tributarios también han señalado la necesidad de reincorporar al IRPF la deducción fiscal del 15% para los gastos sanitarios, incluyendo los gastos de gimnasios, y establecer en el IRPF la deducción fiscal del 15% para la rehabilitación de viviendas. Esta deducción no discrimina por el sistema de acceso en función de si se compra o se alquila. Adicionalmente, favorece la sostenibilidad del parque de viviendas en aspectos tales como la eficiencia energética.
El informe señala que resulta imprescindible revisar los impuestos propios de la Generalitat y suprimir algunos de ellos. Cataluña, con 11 tributos propios, es la comunidad autónoma que más tiene.
En este sentido, el consejero de la Presidencia, Manuel Silva, y coordinador del estudio, ha manifestado que es necesario avanzar hacia un “equilibrio entre la aportación fiscal de las familias catalanas y las prestaciones y los servicios públicos que recibe”, configurando tanto el sistema tributario general, como las distintas figuras impositivas en particular, de manera más respetuosa con los principios de justicia tributaria y no confiscatoriedad, garantizando el equilibrio entre la carga tributaria y la capacidad económica de los contribuyentes.
Fuente: Foment
El abogado que tumbó los planes inmobiliarios de Colau se lanza contra la regulación de pisos turísticos de Aragonès
El abogado que tumbó los planes restrictivos de Ada Colau contra el inmobiliario en Barcelona se ha lanzado a por el decreto ley del Govern de Pere Aragonès (ERC) contra los pisos turísticos en Cataluña. Marc Pertíñez, que derribó las cortapisas de la exalcaldesa al turismo, arma ahora una campaña contra el mazazo al alquiler vacacional.
El letrado ha detallado sus planes en una conferencia privada ante empresarios y operadores de pisos turísticos en la capital catalana. En el acto, Pertíñez avanzó su inédito plan de acción contra el texto del Ejecutivo de ERC sobre los inmuebles destinados a acoger a visitantes. Pasa por presentar cuestiones prejudiciales en todos los juzgados contenciosos de Cataluña, que suman 23. Y que las salas adopten el criterio de las instancias superiores.
Al Constitucional y al TJUE
¿Cuál? Según ha explicado el abogado a este medio, la estrategia pasa por entrar escritos que piden un posicionamiento al Tribunal Constitucional (TC) o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en todos y cada uno de los 23 juzgados contenciosos de las cuatro provincias catalanas. Son 46 escritos, porque se presentarán "por duplicado en cada sala" para asegurar los repartos.
En cada caso, se pedirá al juez que busque el criterio del TC o el TJUE antes de fallar. La intención es apoyarse en las últimas instancias judiciales y que sean éstas las determinen la pulcritud de la normativa autonómica.
"Lesión de un derecho fundamental"
Según Pertíñez, los dos tribunales protegerán a los propietarios de pisos turísticos. "El decreto del Govern lesiona un derecho fundamental en la Unión Europea: la propiedad privada, recogido en el artículo 17", razona. El letrado cree, pues, que el texto del Govern de Aragonès "lamina un derecho fundamental" de los afectados. "Así, los propietarios deberían ser compensados", continúa. Máxime cuando ya han incorporado ese permiso a su patrimonio.
Ahora, no obstante, Cataluña ha fijado una ventana de cinco años para explotar los pisos. En este lapso de tiempo, las actuales licencias de vivienda vacacional decaerán. "No es análogo a una indemnización. Sí como sociedad permites una actividad por medio de una licencia y luego la prohíbes y dejas la licencia inútil, debes indemnizar a quienes la obtuvieron", insiste el abogado.
"Desproporcionado"
El otro argumento que elevarán a los 23 juzgados es la "desproporcionalidad" del plan. "Sabemos que las directivas comunitarias de servicios, transpuestas, no son de aplicación en el urbanismo. Pero en esa transposición se indica que las actividades de servicios se inician con una declaración responsable y no deben ser limitadas por licencia".
Según defiende, el decreto ley del Govern fue "excesivo". "Deberían haber redactado un plan urbanístico para regular los pisos turísticos, pero no lo hicieron porque les han tumbado todos los anteriores". Un ejemplo: el Peuat, el primer plan hotelero de Ada Colau en Barcelona. "Habría sido un instrumento apropiado, pero lo anularon los tribunales", rememora.
Llegar al TJUE
Como, también, se anularon el Plan de Usos de Ciutat Vella de 2010, o el Pehut, aprobado en 2016. "Estaban mal hechos. Y el Govern pretende ahora ahorrarse ese trágala de ver cómo los tribunales le anulan su trabajo y evitarse también indemnizar a los tenedores de licencias de pisos turísticos".
Sobre esta base, Pertíñez ha trazado una estrategia de oposición frontal. "Pretendemos entrar 46 recursos contenciosos a los 23 juzgados de esta jurisdicción en Cataluña. Y conminar a los jueces a que pregunten en instancias superiores", indica. Cabe recordar que el PP y Federatur han recurrido la norma catalana al Tribunal Constitucional. "Los jueces del contencioso se apoyarán en los que barrunte el TC o pedirán la opinión del TJUE", avanza.
La vía se apoda recurso indirecto, pues, al tratarse de una ley y de una cuestión de posible inconstitucionalidad, el ciudadano de a pie no la puede recurrir. Por medio de los juzgados contenciosos, sí.
Logró "centenares de licencias" con Colau
¿Tendrá éxito Pertíñez? Por lo pronto, recabando "masa crítica", tanto de empresarios como financiera, para costear el plan. Lo explicó ayer y a este medio. Y cuenta, también, con un poderoso currículum. Desde 2014, es el abogado que logró ganar centenares de licencias de pisos turísticos en los tribunales de Barcelona cuando los alcaldes Xavier Trias (CiU) y Ada Colau (BComú) las habían limitado.
"Cuando las administraciones impedían las licencias, nosotros las logramos. Arropamos a los propietarios que querían ser legales, que querían hacer bien las cosas". El letrado logró los permisos pese a que regían las moratorias, el Pehut y el Peuat. "El mal hacer de las instituciones fue nuestro éxito". Dicho y hecho. Logró unas 60 autorizaciones en, por ejemplo, un bloque de pisos de la calle Tarragona.
"Ganamos el 99% de las sanciones"
Fue en plena campaña de las elecciones municipales de 2023, y la noticia cayó como un jarro de agua fría sobre Colau. Su número dos, Janet Sanz, anunció que las prohibiría. No pudo: quedan 60 perfectamente legales.
Además, Pertíñez & Romagosa, su bufete, ha recurrido las sanciones contra los operadores de pisos turísticos, una práctica que comenzó Trias, pero que intensificó Colau cuando alcanzó la alcaldía. "Hemos ganado más del 99% de expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Barcelona. De centenares de multas contra la vivienda vacacional, los hemos ganado todos y hemos perdido sólo dos".
"Son menos del 0,05% del mercado"
El profesional cree que su especialidad no afecta al mercado inmobiliario. "Dos precisiones, los pisos turísticos de Barcelona, incluso con los ganados, son menos del 0,05% del parque de las 900.000 viviendas de la capital catalana". Por ello, subraya que su impacto en los precios de los alquileres convencionales es "insignificante".
Y, además, sus casos se han centrado en apartamentos que ocupan bloques enteros.
"Hay que hacer más que la patronal"
Todo ello lo desgrana Marc Pertíñez, el hombre que derrotó a Colau -y a Trias- en los tribunales, antes de asaltar el decreto del Govern contra los pisos turísticos. Su intención es "positiva", y "ayudar a los que quieren conservar las licencias actuales, y en ningún caso lograr más". Busca ayudar a los cerca de 9.600 apartamentos legales de Barcelona. Que superen los cinco años de vida que les ha dado la Generalitat.
¿Por qué? "La intención era hacer algo más de lo que han hecho el PP y Apartur -la patronal de vivienda turística de la Ciudad Condal-. Había que actuar ya, y proteger los legítimos derechos fundamentales de los propietarios de licencia", reconoce. Considera que nadie lo está haciendo y, en esta coyuntura, se ha presentado ante el empresariado. Cuenta con "decenas de interesados" y mecenas, "más desde ayer", y se abre a recabar más por medio del correo secretaria@pertinezromagosa.com.
Promete librar una dura batalla, como ya ha hecho en los últimos años.
Fuente: Crónica Global
